La llamada «perspectiva de género» se promociona como una herramienta destinada a proteger a las mujeres de la violencia, un estandarte de justicia y equidad en los sistemas judiciales modernos.
Sin embargo, un análisis crítico de su aplicación práctica demuestra que, lejos de cumplir con este noble objetivo, se ha transformado en un mecanismo que el Estado pone en manos de las mujeres para ejercer violencia contra sus parejas, con la complicidad activa del sistema judicial. Este enfoque no solo traiciona sus supuestos principios, sino que institucionaliza una dinámica de poder desigual que fomenta el abuso y socava los fundamentos de una justicia imparcial.
Un Mecanismo de Desequilibrio Deliberado
La perspectiva de género parte de una premisa sesgada: las mujeres son, por definición, víctimas, mientras que los hombres son, por naturaleza, agresores. Esta visión simplista no busca entender la complejidad de las relaciones humanas ni evaluar los casos de manera objetiva; en cambio, otorga a las mujeres una ventaja automática en cualquier conflicto.
Al presentar una denuncia, una mujer encuentra un sistema judicial dispuesto a aceptar sus afirmaciones con escasa o nula exigencia de pruebas, mientras que el hombre acusado enfrenta una presunción de culpabilidad casi imposible de revertir.
Este desequilibrio no protege a las mujeres de la violencia, sino que las arma con una herramienta de coerción que puede ser utilizada para fines tan diversos como la venganza, el control económico o la manipulación en disputas personales.
El Rol del Sistema Judicial: De Árbitro a Cómplice
Cuando una mujer recurre a la perspectiva de género para denunciar a su pareja, el sistema judicial no actúa como un árbitro neutral, sino como un ejecutor automático de sus demandas.
Medidas drásticas como órdenes de restricción, desalojos del hogar compartido o la prohibición de contacto con los hijos se imponen con rapidez, a menudo sin dar al acusado la oportunidad de presentar su defensa o cuestionar la veracidad de las acusaciones.
Este proceso no solo inflige un daño inmediato —emocional, social y económico— a la pareja denunciada, sino que también perpetúa un ciclo de injusticia al priorizar la narrativa de una parte sin considerar la verdad objetiva. Lejos de ser un escudo contra la violencia, el sistema se convierte en un arma que las mujeres pueden blandir con el respaldo estatal.
Violencia Institucional Disfrazada de Protección
La ironía de la perspectiva de género radica en que, bajo el pretexto de combatir la violencia, habilita una forma de violencia institucionalizada. Al proporcionar a las mujeres un poder desproporcionado para afectar la vida de sus parejas a través de denuncias que el sistema valida sin cuestionar, se crea un entorno donde la amenaza de una acusación se transforma en una herramienta de intimidación y dominio.
Este poder no solo perjudica a los hombres que se ven atrapados en procesos injustos, sino que también daña la credibilidad del sistema judicial, que pasa de ser un garante de equidad a un instrumento de opresión selectiva. La violencia, en este caso, no proviene de las dinámicas individuales, sino de las estructuras estatales que la facilitan y legitiman.
Hacia una Justicia Genuina
Es imperativo reconsiderar el uso de la perspectiva de género como eje del sistema judicial. La protección contra la violencia —un objetivo legítimo y necesario— no puede construirse sobre prejuicios de género ni sobre la entrega de herramientas que incentiven el abuso.
En su lugar, se necesita un enfoque que restituya la imparcialidad, exija pruebas rigurosas y respete los derechos de todas las personas involucradas, independientemente de su sexo. Solo así se podrá garantizar que el sistema judicial cumpla su verdadera función: ser un bastión de justicia y no un medio para perpetuar nuevas formas de violencia.
La perspectiva de género, tal como se aplica hoy, no protege a las mujeres; las induce ejercer la violencia contra sus parejas con la complicidad del estado.
