En los sistemas judiciales de Argentina y Uruguay, la permanente ocurrencia de gravísimas injusticias como las ejemplificadas en los casos Pedro Laurta, Adrián Mastandrea, Pablo Ghisoni y Lucio Dupuy trasciende lo esperable para meras equivocaciones, que serían la excepción y no, como ocurre actualmente, la regla. En este artículo exploraremos una hipótesis para intentar explicar dicha prevalencia que nos llevará a develar un alarmante vínculo entre la perspectiva de género (feminismo judicial), la explotación sexual infantil y mecanismos de control subrepticio de nuestras instituciones.
En primer término, estableceremos cómo estos episodios comparten elementos comunes:
- El armado de causas falsas de abuso sexual,
- La facilitación judicial de la explotación sexual infantil,
- El uso de amenazas implícitas para someter a jueces y fiscales.
Luego, analizaremos cómo este modus operandi sugiere la existencia de asociaciones ilícitas gestadas desde el exterior mediante ONGs feministas y programas internacionales de «formación en perspectiva de género».
Por último indagaremos en qué puede estar detrás de esta evidente coordinación entre tribunales, fiscalías, medios y la política, en respaldo de lo que parece configurarse como un sistema de control paralelo de nuestros sistemas judiciales.
Punto 1: Asociaciones Ilícitas Feministas: Armado de Causas Truchas de Abuso Sexual y Complicidad en Falsas Denuncias.
El primer patrón común es el despliegue de redes organizadas dentro del poder judicial para fabricar acusaciones de abuso sexual contra hombres inocentes.
Este modus operando lleva décadas en funcionamiento con psicólogas feministas como Gabriela Fulco, procesadas en Uruguay décadas atrás por elaboración de pericias fraudulentas para inculpar a hombres inocentes en causas armadas de abuso sexual contra sus hijos montadas por sus ex-mujeres.
Más sobre Gabriela Fulco
Cabe notar, por lo que veremos más adelante que Fulco lejos de caer en la ignominia, sería recompensada desde los medios con un curioso lavado de imagen y desde la política con un nombramiento a cargo del INISA (instituto nacional de reclusión de menores) donde desarrollaría una gestión controversial, recibiendo acusaciones de presidir sobre el abuso sexual a menores recluidas.
Si bien el foco de las críticas al respecto de lo que se ha instalado como «falsas denuncias» está puesto en cómo destruye vidas individuales, y sin desmedro del daño humano que causa, un aspecto que salvo en Varones Unidos de momento no se ha explorado es la atmósfera de intimidación en la que esta práctica ha sumido a los hombres en general y en especial, con mayor crudeza a jueces, fiscales y jerarcas varones en general en tanto su poder los convierte en atractivas víctimas para este vector de ataque político.
Coordinación institucional para el armado de causas truchas de abuso sexual: El Caso Mastandrea.
En el caso de Adrián Mastandrea en Uruguay, iniciado en 2019, una denuncia por abuso sexual derivada de un encuentro consentido escaló a una condena de 10 años de prisión pese a evidencia exculpatoria clara: videos de cámaras que mostraban interacción amigable, prueba de extorsión por US$ 20.000 para retirar la denuncia, y la propia admisión de la fiscal inicial, Sylvia Lovesio, de que «es todo mentira».
Lovesio renunció al caso, enviando una carta al fiscal de corte Jorge Díaz solicitando investigar la extorsión y reconociendo la inocencia de Mastandrea. Sin embargo, fiscales posteriores como Willian Rosa (quien archivó la causa por extorsión) y Mariana Alfaro (quien apeló la prisión domiciliaria para revertirla) impulsaron el proceso apoyándose en la ley 19.580, que prioriza la «perspectiva de género» y valida relatos subjetivos. El carácter sistémico de esta problemática quedó en evidencia cuando el Tribunal de Apelaciones incrementó la pena tras un informe mediático que expuso el carácter absurdo del fallo condenatorio de primera instancia, y terminó de verificarse cuando la propia SCJ confirmó la sentencia en 2023.
Este respaldo institucional —desde fiscalía hasta la corte suprema— a un fallo que «no da pie con bola», la consistencia de la SCJ al insistir en que la Ley 19.580 debe mantenerse en vigencia a pesar de ser violatoria del principio de igualdad consagrado en el artículo 8 de la constitución nacional, y la llamativa decisión de Lovesio de no archivar la causa y en su lugar renunciar y ponerla en manos del fiscal de corte, lo que apunta a un aparente intento de evitar ser objeto de represalias, son tres elementos que tomados en conjunto permiten afirmar la existencia de una coordinación que trasciende errores individuales y sugiere un accionar coordinado con el objetivo deliberado de dar rienda suelta a los funcionarios que desde las fiscalías pergeñan causas de abuso sexual contra inocentes.
Asociaciones ilícitas para el armado de causas truchas de abuso sexual: El caso Ghisoni.
Similarmente, en Argentina, el caso Ghisoni, un médico acusado falsamente por su exesposa — integrante de ONGs feministas— de abusar sexualmente de sus dos hijos, lo que lo llevó a tres años de prisión preventiva desde 2020 hasta su absolución en septiembre de 2023 por falta de pruebas. La manipulación incluyó pericias psicológicas truchas y testimonios inducidos en los niños, con el hijo mayor denunciando públicamente la falsedad este 2025.
Tras la absolución de Ghisoni, Andrea Karina Vázquez, la exesposa de Ghisoni, está siendo investigada principalmente por los delitos de falso testimonio calificado, instigación al falso testimonio y asociación ilícita en el marco de la causa abierta en la UFI N° 6 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Eusebio Vaqueiro. Esta denuncia fue impulsada por el fiscal Jorge Bettini Sansoni tras la confesión de su hijo Tomás en julio de 2025, quien admitió haber sido manipulado por ella para sostener la falsa acusación de abuso sexual contra su padre durante más de una década.
Más sobre la asociación ilícita del caso Ghisoni
Asociación ilícita: Se sospecha que Vázquez lideró una red organizada para fabricar y sostener la denuncia falsa.
Esto incluye:
- Peritos pagados: Psicólogos que habrían recibido dinero para elaborar informes y pruebas manipuladas – siguiendo el mismo modus operandi que Fulco en Uruguay – como dibujos de los menores o evaluaciones sin base científica, con el fin de respaldar la calumnia.
- Agrupaciones y organizaciones: Entidades feministas o de derechos humanos que habrían sido funcionales a la maniobra, respaldando públicamente a Vázquez y presionando contra jueces o fiscales que cuestionaban la causa.
- Otros colaboradores: Abogados y posiblemente otros testigos o involucrados que facilitaron el avance de la causa, ignorando evidencias en contra.
La inusual prevalencia de estas causas truchas de abuso sexual y la llamativa similaridad entre el accionar de sus promotores en diversos países, implica que no se trata de hechos aislados o de funcionarias que por propia iniciativa atropellan principios básicos del derecho, sino de un accionar coordinado a nivel internacional.
Punto 2: Otorgamiento de Impunidad al Abuso y la Explotación Sexual Infantil
Este segundo vector revela cómo no solo se arman causas, sino que de un modo muy similar y desde las mismas fiscalías y juzgados se brinda impunidad en hechos de explotación y abuso infantil.
El rol del feminismo en la facilitación sistemática de la explotación sexual infantil (ESI)
El rol preponderante del feminismo judicial y la «perspectiva de género» en el proceso de disolución de la institución familiar mediante la expulsión sistemática de los hogares de los padres (protectores naturales de los niños) es innegable. La llegada de copiosas cantidades de dinero de dudoso origen mediante ONGs al río de la plata con el objetivo concreto de promover la promulgación de legislación como la LIVG, la Ley Micaela, la «Ley Trans», entre otras que se engloban en la expresión propagandística «agenda de derechos», la cual facilita, profundiza y convierte en prioritario a nivel estatal el proceso de disolución de la institución familiar antes mencionada, tampoco puede ignorarse. La expulsión de los padres de sus hogares, acompañada de la judicialización de las familias puede observarse claramente, siendo hoy excepcionales ya en muchas ciudades los niños que crecen en hogares completos bajo la protección de ambos progenitores.
Un aspecto casi totalmente ausente en la cobertura mediática sobre este tema, pero absolutamente crucial para el tema que nos atañe es que la presencia del padre biológico en la familia es la principal barrera que impide la Explotación Sexual Infantil. No estamos aquí para endilgar a las mujeres como género la responsabilidad por la ESI, pero es un hecho verificable que el 80 al 90% de los casos de ESI ocurren en «hogares monoparentales» o «reconstituidos» es decir, en hogares en los que madres – generalmente con intervención del feminismo judicial o motivadas por subsidios a la monoparentalidad – mantienen a sus hijos por fuera de la autoridad, protección y supervisión de sus padres. En el mismo sentido, el riesgo de que un niño sufra ESI conviviendo con papá y mamá, es menor al 2%, mientras que en hogares donde el padre ha sido expulsado, el riesgo de explotación sexual infantil es 9 veces mayor.
Fuentes
Fuentes:
https://www.humanium.org/en/tackling-the-issues-of-violence-against-children-by-their-step-parents/
https://www.cdc.gov/child-abuse-neglect/risk-factors/index.html
https://www.csacentre.org.uk/research-resources/key-messages/intra-familial-csa
El impacto en los padres víctimas de esta situación también es profundo y notable en particular en cuanto a las tasas de suicidio, las cuales aumentan:
- 4 veces en hombres que han atravesado un divorcio o separación con hijos
- 8 veces en hombres sometidos a procesos de judicialización familiar que en su carácter draconiano no pueden explicarse por inoperancia sino por la voluntad explícita del feminismo judicial de someterlos a una suerte de humillación ritual abusando con este propósito de las herramientas que les brinda el sistema de justicia.
- 10 veces en hombres víctimas de falsas denuncias de violencia de género o abuso sexual.
Es evidente para toda persona medianamente lúcida, que dicha transformación se ha tratado de un programa deliberado que tiene al feminismo como piedra angular, siendo la mujer el foco central de un esfuerzo propagandístico orientado a obtener su complicidad en este proceso que destruye la integridad de sus familias y somete a sus parejas a un proceso judicial más orientado a la tortura psicológica del indagado que a la protección de persona alguna.
Resulta inverosímil que, dada la claridad de los estudios que develan de forma consistente el vínculo entre la exclusión del padre biológico del hogar, y el riesgo de ESI, las funcionarias judiciales feministas ignoren las consecuencias de sus acciones sobre los niños y el grave riesgo al que los exponen. Además, cabe recordar el rol pivotal que para el movimiento feminista tiene la legalización del aborto gratuito, por la sola voluntad de la mujer, lo que moralmente sienta las bases de un supremacismo de los deseos personales de la mujer por sobre el derecho a la vida (ni más ni menos) de sus propios hijos y que remontándonos más al pasado, comenzó más tímidamente a comienzos del siglo XX con la institución del divorcio por la sola voluntad de la mujer, política que ya comenzó a anteponer el deseo de la mujer por sobre la continuidad y la integridad misma de su hogar y familia, y en definitiva del bien común. Estas sucesivas licencias otorgadas para transgredir códigos éticos fundamentales ( como el amor a los hijos y la protección de la familia ) aunadas a un bombardeo constante con contenidos de «entretenimiento» de carácter abiertamente morboso y filopornográfico, inducen en la mujer una actitud generalizada de desconsideración por el otro y por el futuro de la comunidad que integra, de traición a su propia conciencia, lo que podemos calificar como un estado de corrupción moral o posesión demoníaca.
Establecer este contexto histórico en el que nos encontramos es necesario en tanto el carácter profundamente inhumano de lo que se está gradualmente revelando en el accionar del feminismo judicial podría resultar inverosímil sin considerar un proceso que lleva más de un siglo incitando a las mujeres a un accionar destructivo.
Los casos Lucio Dupuy y Pedro Laurta: ¿Omisiones involuntarias?
En el caso Lucio Dupuy, por ejemplo, asesinado en noviembre de 2021 en La Pampa, Argentina, la madre Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Páez obtuvieron la custodia plena en 2020 pese a denuncias previas de negligencia y violencia presentadas por el padre y abuelo, siendo la familia del padre condenada incluso a pagarle mensualmente a las mujeres que estaban abusando de su hijo.
La jueza responsable de esta aberración, Ana Clara Pérez Ballester ignoró todas las señales de abuso que presentaba el niño. Lucio sufrió torturas prolongadas, incluyendo abuso sexual confirmado por autopsia (fracturas, mordidas, quemaduras), pero el juicio de 2022-2023 no profundizó en la naturaleza del abuso sexual, – que presumiblemente habría involucrado la explotación sexual del pequeño Lucio —.
Si bien la madre y su pareja fueron condenadas a cadena perpetua en febrero 2023 luego de que el caso suscitara una intensa indignación pública, la jueza que les otorgó la custodia a sus abusadoras, permitiendo el abuso y el asesinato de Lucio no recibió ningún tipo de castigo institucional.
Paralelamente, en el caso Pedro Laurta, un niño de cuatro años secuestrado por su madre y abuela materna, bajo reclamos extorsivos por US$ 45.000 y amenazas de que el niño «sufra lo mismo que Lucio Dupuy», la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual (a cargo de Juan Fernando Ávila Echenique) obstruyó la investigación sobre la posible explotación sexual de la madre y del niño (ante indicios probados de victimización en el pequeño y confesiones de su madre). Funcionarias feministas como Olivia Nobile y Candelaria Martínez, – integrantes de una clique judicial con influencia sobre otras fiscalías – negaron información básica, ocultaron expedientes y notificaron informalmente a las acusadas, con lo que no solo habrían fallado a su obligación de investigar sino que habrían asistido a encubrir los presuntos abusos contra el pequeño.
La cercanía de nuestra parte a estos casos nos permite tener pleno convencimiento de que en ninguna de estas ocasiones en las que funcionarias judiciales feministas han facilitado la explotación sexual infantil ha sido por omisión o desatención. La abundancia de indicios de abuso hacia los menores y el absoluto desinterés demostrado por investigar las condiciones en que se encontraban estos niños, sumado a la hostilidad demostrada hacia los familiares que intervienen para protegerlos, es más coherente con la existencia de grupos en nuestros sistemas de justicia que comparten una cultura de celebración morbosa de la impunidad, la injusticia y la perversidad, siendo éstos los que deliberadamente conspiran para que niños judicializados sean sometidos al abuso y la explotación sexual.
En ambos casos, la impunidad otorgada desde tribunales a explotadoras sexuales de menores —posiblemente negociada a través de redes feministas— expone la inversión moral, de características marcadamente satánicas celebrada por estas logias: mientras arman causas contra inocentes, otorgan impunidad a explotadoras y abusadores sexuales de niños, obteniendo sádica satisfacción de la perversidad de sus actos.
Punto 3: Una Puerta Abierta al Control del Sistema de Justicia y las Redes de Prostitución y Pedofilia.
La conjunción de estos dos elementos, que por vías opuestas (la persecución de inocentes y el otorgamiento de impunidad al culpable) no solo representa un ataque frontal y un obstáculo insalvable al correcto funcionamiento de un sistema de justicia, sino que podría estar consolidando un esquema de dominación subrepticia basado en la propia inmoralidad de la actuación de estas funcionarias.
Indicios de control subrepticio del sistema de justicia
En primer lugar, la fabricación de causas de abuso sexual truchas y el apoyo a falsas denuncias actúa como mecanismo de presión extorsiva en tribunales, forzándolos a ceder ante estos grupos por cobardía moral y temor de ser objeto de un armado de estas características.
Estas presiones son especialmente notorias en los casos Mastandrea y Pedro Laurta. En Laurta, fiscales y magistrados mostraron un cambio súbito en su accionar cediendo ante las pretensiones más o menos explícitas de estos grupos.
En el caso Mastandrea, una fiscal posiblemente ajena a este accionar, como parece ser el caso de Lovesio se abrió del caso al verse entre la espada y la pared ante presiones de promover una acción penal injusta o enfrentar represalias.
Riesgo de control del negocio de la explotación sexual infantil
En segundo lugar, el otorgamiento de impunidad para el abuso y la explotación sexual infantil sin consecuencias de ningún tipo para los integrantes de estos grupos, deja en sus manos la llave de los mercados negros de explotación sexual de mujeres y niños. Mediante una persecución selectiva se encuentran en posición de no solamente beneficiarse de «liberar» el comercio sexual a sus asociados, sino también de utilizar la fuerza pública para perseguir las operaciones criminales competitivas.
Volviendo sobre el esquema de control más amplio del sistema judicial, en Pedro Laurta, el juez Gabriel Eugenio Tavip del juzgado de familia de 2da nominación de Córdoba cambió su patrón de fallos tras presiones mediáticas de activismo feminista (artículos en Agencia Nova en 2023-2024). Rodeado de activistas feministas judiciales, Tavip pasó de tomar decisiones equilibradas al extremo de contribuir a legitimar el secuestro coactivo del pequeño Pedro basando la fundamentación en un permiso de viaje vencido y tomar falsas denuncias como prueba.
En este mismo caso, la fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual de 1er turno a cargo del fiscal Ávila Echenique, quien se encuentra también rodeado de activistas feministas que siendo nominalmente sus subalternas manejan de hecho la fiscalía, ha obstruido la investigación de la presunta explotación sexual del menor y su madre a manos de su abuela materna.
Mientras el fiscal de instrucción Juan Pablo Klinger, de la fiscalía del distrito 4 turno 3, también de Córdoba, archivó una causa por estafa contra la presunta explotadora sexual del menor y su madre en circunstancias harto sospechosas: tras un año estancada, la investigación ganaba tracción con nueva evidencia del fraude inmobiliario, ante lo cual el fiscal decreta de forma abrupta el archivo de la causa. Esta interrupción de una investigación que en los hechos fue llevada a cabo más por el denunciante que por la fiscalía – que en un año y medio de tener la denuncia radicada no había realizado una sola diligencia probatoria – se dió además en el marco de múltiples decisiones judiciales tendientes a defender los intereses de las secuestradoras del menor, las cuales comenzaron a darse acto seguido de tomar la fiscalía especializada en delitos contra la integridad sexual conocimiento del caso y trabarse una aparente connivencia entre las feministas de fiscalía y las secuestradoras del niño, lo que al menos en este caso está impidiendo la persecución judicial de múltiples hechos de abuso y explotación sexual de menores.
