En un caso que expone las grietas de un sistema judicial atravesado por la corrupción y el feminismo, el Caso Mastandrea revela cómo una denuncia infundada puede devastar la vida de un joven y su familia.
El Caso Mastandrea ilustra cómo una falsa acusación puede desatar injusticias y exponer fallos en un sistema que a veces se inclina por relatos de género. Adrián, un joven de 18 años, quedó en el ojo de una tormenta legal tras una denuncia presentada por una mujer mayor, lo que cambió su vida y afectó a su entorno familiar. Esta situación, que incluye extorsiones e irregularidades gravísimas en la administración de justicia, subraya la necesidad de proteger los derechos de los hombres.
La denuncia originaria
La denuncia fue presentada por una mujer de casi 40 años contra Adrián, entonces de 18. Según registros preliminares, se le atribuyó una relación sexual no-consensuada ocurrida en el marco de esa relación, específicamente un abuso sexual especialmente agravado, rapiña y violencia privada, en un incidente fechado el 3 de septiembre de 2019 .
Estas acusaciones suelen crecer con rapidez cuando se invocan contextos emocionales y se confía en relatos que pueden exceder las pruebas. La denunciante presentó la acusación ante las autoridades, desencadenando una investigación y la «detención preventiva» para Adrián.
En estos casos de denuncias infundadas, la prisión preventiva, justificada superficialmente como una herramienta de aplicación excepcional, pero un análisis profundo devela que se utiliza en la práctica para vulnerar el derecho de defensa de los hombres falsamente acusados de delitos sexuales, privándolos de la libertad para limitar su capacidad de recopilar prueba exculpatoria y dar su versión de los hechos.
Las circunstancias eran complejas: una relación sexual clandestina que duró varios meses, con diferencias de edad y estatus. Adrián, joven en transición a la vida adulta, estaba sujeto a un desequilibrio mayúsculo de poder respecto a la denunciante, una mujer experimentada.
El expediente inicial muestra que la relación se volvió pública poco antes de la denuncia, aduciendo el padre de Adrián, que la motivación inicial de la denuncia presentada podría haber sido el permitirle a la denunciante eludir su responsabilidad respecto al affaire que mantuvo.
El contexto de la relación y la investigación inicial
Para comprender el Caso Mastandrea, es clave examinar el contexto de la relación entre la denunciante y Adrián. Con más de 20 años de diferencia, mantuvieron una relación clandestina que la denunciante habría mantenido a espaldas de su pareja, quien era su pareja en ese momento.
Al ser descubierta la relación, la mujer radicó la denuncia. La duración fue de varios meses, sin incidentes reportados con anterioridad.
No se encontraron pruebas físicas contundentes que respaldaran las afirmaciones, lo que generó dudas tempranas, incluyendo un informe forense que negó cualquier abuso sexual.
Sin embargo, el caso avanzó rápidamente en instancias preliminares y se ordenó la detención preventiva de Adrián, basándose en la ley 19.580.
Contradicciones en el relato de la denunciante
Las declaraciones de la denunciante, identificada como Laura G. presentan varias inconsistencias que han sido señaladas por la defensa de Adrián Mastandrea y han generado cuestionamientos sobre la credibilidad de la acusación.
Según la denunciante, el 3 de septiembre de 2019, alrededor de las 5:30 horas, Adrián la atacó mientras esperaba un ómnibus en la parada de César Mayo Gutiérrez y Fernando Menck en el barrio de Colón, Montevideo, llevándola a un descampado donde presuntamente la violó.
Sin embargo, la defensa argumentó que la relación sexual fue consensual y parte de un vínculo clandestino. Laura G. afirmó que no existía una relación previa con Adrián y que el ataque fue inesperado. Sin embargo, la defensa presentó mensajes de texto y testimonios indicativos de que mantuvieron una relación sexual clandestina durante varios meses, ya que la denunciante estaba en pareja y buscaba ocultar su infidelidad. La defensa alegó que la denunciante “montó una escena” para justificar su comportamiento tras ser descubierta por su pareja, un argumento respaldado por el testimonio de un testigo que afirmó que la denunciante admitió en privado la consensualidad de la relación.
Estas discrepancias no solo no fueron investigadas por la fiscalía, sino que según la familia de Mastandrea, se desapareció prueba exculpatoria, lo que sugiere no solo un sesgo proveniente de la aplicación de la ley 19.580, sino una complicidad de fiscalía con una maniobra extorsiva por parte de la denunciante que analizaremos a continuación.
Evidencias de extorsión
La evidencia de extorsión presentada por la familia de Adrián Mastandrea apunta a un intento de la denunciante y su pareja de aprovecharse del sistema judicial y su sesgo misándrico para obtener beneficios económicos, un aspecto que ha sido central en las críticas al manejo del caso.
Según la familia, poco después de que la denuncia fuera presentada el 5 de septiembre de 2019, la denunciante y su pareja contactaron a los padres de Adrián, Sergio y Silvia Mastandrea, exigiendo 20,000 dólares estadounidenses a cambio de retirar la acusación.
Esta solicitud fue documentada mediante grabaciones de audio y mensajes de texto presentados por la defensa el 5 de noviembre de 2019 ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Montevideo.
En una de estas grabaciones, la denunciante habría dicho: “Si llegamos a un acuerdo, esto puede terminarse rápido”, mientras que su pareja mencionó la necesidad de “cubrir los daños emocionales” de la denunciante.
En este sentido, un audio divulgado por el programa Santo y Seña donde la fiscal Sylvia Lovesio, tras olvidar apagar un grabador, expresó que la denuncia era “todo mentira” y señaló que la denunciante afirmó no conocer a Mastandrea, lo que resultó ser falso ya que había mantenido conversaciones privadas con él.
Además, se indica que Lovesio se sorprendió al enterarse de que los abogados de ambas partes habían negociado un intercambio de dinero (20,000 dólares) para retirar los cargos, lo que ella consideró que “contaminaba” la investigación, llevándola a abstenerse del caso. Esto corrobora la existencia de un intento de extorsión.
La defensa, liderada por el abogado Juan Perdomo, anunció su intención de solicitar una investigación formal por extorsión, no habiendo avances significativos hasta el momento en este aspecto por parte de la fiscalía.
