Los terceros que intervienen en el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi, las acciones concretas que realizaron (denuncias, mediaciones, filtraciones, medidas cautelares) y sus efectos en las decisiones judiciales y en el vínculo con las menores. El objetivo es entender quiénes son los actores, qué hicieron y por qué sus decisiones repercuten en las dinámicas familiares.
Abogadas y representantes legales
La prensa registra la intervención de los equipos legales: para Wanda Nara, Ana Rosenfeld y, luego, Nicolás Payarola, según LA NACION. En la defensa de Icardi participó la letrada Elba Marcovecchio, presente en el operativo judicial que permitió el encuentro con sus hijas, según Infobae. En conjunto, estos abogados actuaron para presentar denuncias y cautelares, gestionar mediaciones y obtener autorizaciones provisionales para el régimen de estancias de las menores. La cronología de presentaciones y audiencias permite distinguir fases: denuncia inicial, medidas cautelares y procesos de mediación.
El rol del fuero civil y del ministerio público tutelar
Los tribunales civiles y el Ministerio Público Tutelar jugaron papeles centrales. Los expedientes incluyen recursos sobre el cuidado de las hijas y medidas provisionales. La Justicia civil actuó con inusitada rapidez en contra de Mauro, incluso habilitando ferias judiciales, para resolver la exclusión del hogar, según LA NACION, lo que no ha ocurrido en las denuncias contra Nara.
En el encuentro de junio de 2025, la resolución autorizó el ingreso de Icardi al edificio y estableció condiciones (espera en la cochera, acompañamiento del Ministerio Público Tutelar y calendario de devolución de las menores) a Mauro.
Ex parejas y terceros personales: demandas cruzadas y participación mediática
Entre ex parejas y terceras personas figuran la actriz María Eugenia «La China» Suárez, objeto de demandas y contrademandas, y la niñera Silvia Lucero, citada en denuncias de Nara, según LA NACION. Estas figuras actuaron formalmente, y en algunos casos sus nombres circularon en notas periodísticas que alimentaron medidas cautelares y pedidos de prueba; LA NACION resume estas tensiones como parte de la agenda mediática.
Las denuncias presentadas por Nara en noviembre de 2024, solicitudes de exclusión del hogar y distintas medidas cautelares reflejan una batalla litigiosa sustentada en documentos públicos citados por LA NACION.
Medios, filtraciones y terceros mediáticos
Periodistas y panelistas amplificaron y, a veces, clarificaron eventos procesales. Figuras mediáticas y cronistas detallaron el operativo del Chateau Libertador y el ingreso autorizado; la transmisión quedó registrada por TV y portales, según Infobae. Algunos informes señalan que ciertas filtraciones buscaron influir en el calendario de audiencias.
Los juzgados buscan mantener los entretelones del caso en secreto, pero las órdenes judiciales y la presencia de cámaras en la puerta del edificio transformaron cada movimiento en un hecho público.
Se registraron intervenciones de seguridad privada, llamados al 911 y notificaciones de la Comisaría 13, documentadas por LA NACION como parte de las medidas de seguridad y de las notificaciones judiciales. También se mencionan escoltas y coordinaciones de seguridad para evitar contactos no autorizados.
Medidas económicas y sanciones previstas
Se destaca una cautelar de junio de 2025 que prevé una multa de diez millones de pesos en caso de incumplimiento de la entrega de las menores, para asegurar el cumplimiento del fallo.
