El 3 de Septiembre del 2019 una mujer identificada como Laura G. de 37 años, radicó una denuncia por abuso sexual contra Adrián Mastandrea, su vecino de apenas 18 años. La mujer, quien habría mantenido con el adolescente un impulsivo encuentro sexual iniciado en la vía pública, molesta ante la decisión de Adrián de retirarse del lugar, decidió denunciarlo por abuso. Desde ese momento, Mastandrea fue sometido por el sistema de justicia uruguayo a un proceso penal kafkiano, plagado de irregularidades gravísimas y de público conocimiento que sin embargo, acabaría con una triple condena.
El fatídico 3 de Septiembre
De acuerdo a las versiones recogidas por Varones Unidos, el episodio sexual que habría dado lugar a la denuncia, comenzó con el encuentro entre Laura G. y Adrián Mastandrea en una parada de ómnibus ubicada en las calles César Mayo Gutiérrez y Fernando Menck del barrio de Colón, en Montevideo alrededor de las 5:30 a.m.
La mujer habría iniciado un contacto indecente con el muchacho que desembocaría en una errática copulación en el jardín de una casa cercana. Luego de la misma, habrían ido a un quiosco de la zona por una gaseosa. A la espera de ser atendidos, la mujer, vecina de la zona, cruza miradas con un ciclista al que le habría hecho un gesto para que guardara silencio respecto a su compañía.
Al Adrián dar por acabado el encuentro y decidir retirarse, la mujer mayor lo habría golpeado. Molesta al verse abandonada por su consorte casual, llamó la atención de una vecina, diciéndole que ese muchacho (Adrián Mastandrea) la había robado, que llamara al 911, sumando después que también la había abusado sexualmente. Dando lugar a un proceso judicial que desataría un calvario.
La detención de Adrián Mastandrea
La investigación policial inicial se inició inmediatamente ese mismo día:
- La policía respondió al llamado de emergencia, llegó al lugar y entrevistó a las partes involucradas.
- Laura G. radicó la denuncia formal por abuso sexual en la comisaría, describiendo el hecho como una violación.
- Los agentes tomaron declaraciones iniciales, pero según fuentes de la familia Mastandrea y reportes posteriores, los policías no estaban plenamente convencidos de la gravedad del delito basado en la entrevista con la denunciante, ya que no se observaron signos evidentes de violencia física en el examen forense inicial ni pruebas materiales directas como videos o heridas consistentes con fuerza extrema.
- No se realizó una detención inmediata en el lugar; en cambio, se inició un proceso de investigación preliminar, incluyendo recolección de testimonios y evidencia.
La detención de Adrián ocurrió a los pocos días, de forma rápida y sin mediar una investigación exhaustiva por la jueza Rosa Aguirre.
La fiscal Sylvia Lovesio tomó el caso inicialmente y realizó audiencias preliminares (se mencionan al menos cinco, aunque la familia alega que sus grabaciones «desaparecieron» del expediente).
Se recolectaron pruebas, incluyendo testimonios (como la novia de Mastandrea y la vecina que llamó al 911), videos de cámaras de seguridad del kiosco (que mostraban a la pareja comprando la gaseosa sin signos visibles de coerción) y un examen médico forense que no encontró lesiones compatibles con una violación forzada.
La novia de Mastandrea – quien estaba embarazada en ese momento – fue presionada para abortar por la fiscal Lovesio y el equipo de psicólogos de la fiscalía.
La familia Mastandrea presentó evidencia de extorsión por parte de Laura G. y su pareja, exigiendo 20.000 dólares para retirar la denuncia, incluyendo grabaciones de conversaciones.
A pesar de estas irregularidades alegadas, el proceso avanzó bajo la perspectiva de género establecida en la ley uruguaya 19.580, priorizando el relato de la denunciante. La detención se produjo de manera «rápida» pero no inmediata, sin una investigación exhaustiva adicional, según críticas de la defensa.
Durante este período, Mastandrea no fue detenido en el acto, lo que permitió que continuara su vida normal brevemente, pero la presión judicial llevó a dictar la prisión preventiva.
Reclamos extorsivos y su influencia
A lo largo del proceso surgieron reclamaciones extorsivas que, exigieron hasta 20.000 dólares a cambio de retirar la denuncia.
«El 3 de marzo de 2020, en audiencia de solicitud de prórroga de la medida cautelar, es el propio Adrián Mastandrea quien pone en conocimiento de la Jueza sobre la extorsión de la cual estaba siendo objeto su familia. “Fue una sorpresa para la Jueza, quien pregunta a la fiscal Sylvia Lovesio si estaba enterada de esto y responde que no. Luego de esto, Lovesio cita a los abogados, a la denunciante, su marido y a nosotros; nos toma declaraciones. Fue ahí que una de las abogadas implicadas, Bentancoor, afirma que no, pero tanto nuestro abogado como la propia denunciante y su marido reconocen que efectivamente se pidieron 20 mil dólares. Confrontada nuevamente Bentancoor se larga a llorar y confiesa que tanto la mujer que denunció a nuestro hijo, como su marido, la contrataron para pedir plata, razón por la cual habló con su amiga, la Dra. Sotelo, con quien organizan todo entre ellos”.
Un detalle que no se tuvo en cuenta, fue el dispositivo de grabación que permaneció encendido mientras uno de los padres de Adrián prestaba testimonio, quedando registrada una conversación entre la fiscal Sylvia Lovesio y su adjunta, en la cual dicen que la denunciante mintió, que todo es una gran mentira.
“Al día siguiente, Lovesio renuncia al caso, y le envía al Fiscal de Corte, en ese momento Jorge Díaz, una carta, diciendo que se investigue la extorsión para que un delito no quede impune y un inocente no esté privado de su libertad por un hecho que no cometió” Fuente: Karina Caputti para El Bocón.
Al conocerse la carta de la fiscal Lovesio, la jueza que llevaba el caso, Rosa Aguirre, dispone el cese de la prisión efectiva, concediéndole a Mastandrea la domiciliaria, con lo que vuelve a su hogar.
La fiscalía, ahora en manos de Mariana Alfaro, apela la decisión de la jueza Aguirre y el tribunal de apelaciones revierte la decisión de la jueza, basándose en la inadmisibilidad de la carta de la fiscal Lovesio.
Carta de la Fiscal Sylvia Lovesio al Fiscal de Corte Jorge Díaz
En respuesta a esta presentación, la fiscalía resuelve aceptar la abstención de Lovesio
Irregularidades en fiscalía
En audios filtrados de una audiencia judicial, divulgados por el programa «Santo y Seña» de Canal 4, la fiscal Sylvia Lovesio y Ema García discutieron el caso, donde Lovesio reconoció «es todo mentira» antes de renunicar al caso y en una carta al fiscal de corte Jorge Díaz denunciar que Mastandrea era inocente y que se investigue la extorsión.
Luego de identificar las irregularidades, Lovesio se bajó del caso el 11 de marzo de 2020, según la Resolución N° 71/022 de la Fiscalía General de la Nación, y envió una carta al fiscal de corte Jorge Díaz denunciando que Mastandrea era inocente y solicitando que se investigue la extorsión.
El proceso en ese momento dió un giro macabro. Prosiguiendo bajo otros fiscales (Willian Rosa (extorsión) y Mariana Alfaro (abuso sexual)), comenzaron a registrarse una serie de irregularidades que desvirtuarían el curso del caso.
A pesar la solicitud de la fiscal Lovesio de que se investigue la extorsión contra Mastandrea, el fiscal Willian Rosa, presidente del gremio de fiscales, decretó el archivo de la causa. Simultáneamente, las grabaciones de las audiencias en las que Lovesio admite que «es todo mentira» y la denunciante se quiebra y llorando confiesa tener miedo de ir presa por extorsión, desaparecen.
se registraron dilaciones y omisiones de evidencia clave que exculpaba a Adrián. Por ejemplo, la familia denunció la desaparición de al menos cinco audiencias preliminares, así como la omisión de pruebas como videos y testimonios que demostraban inconsistencias en la declaración de la denunciante.
Sentencia de primera instancia del Caso Mastandrea
En la sentencia de primera instancia dictada en octubre del 2021, el juez Pablo Malvar condenó a Adrián a ocho años de prisión. La decisión se apoyó en una lectura subjetiva de los hechos influenciada por una perspectiva de género al amparo de la ley 19.580.
La familia enfrentó un esfuerzo legal intenso para apelar la sentencia en un entorno judicial hostil, que prefería barrer la historia de Adrián bajo la alfombra.
Pero el esfuerzo y constancia de Sergio Mastandrea, el padre de Adrián, en exponer las gravísimas irregularidades de un proceso marcado por la ligereza con la que se condena a inocentes aplicando la «perspectiva de género», ha servido como advertencia para el público en general sobre cómo el sistema judicial ha pasado de aplicar la ley a imponer injusticias a los varones y otorgar impunidad a las mujeres siendo esta realidad judicial una de las principales causales de la degradación absoluta de las relaciones entre los sexos.
La notoriedad del caso preocupa al sistema además, ya que ha permitido a gran parte de la población percatarse de cómo la discriminación misándrica – aún inconstitucional en Uruguay -, se ha vuelto el sistema operativo mismo de la justicia, en especial en materia de delitos sexuales y derecho de familia.
El controversial fallo del Tribunal de Apelaciones
Al apelarse el fallo, la causa llegó al Tribunal de Apelaciones. Luego de varios meses sin fallo, al otro día de la publicación de un resonado informe televisivo en el programa Santo y Seña de Canal 4, el tribunal dicta una sentencia en la que no solo confirma la condena sino que incrementa la pena de Adrián a diez años.
Los ministros del Tribunal de Apelaciones en lo Penal que ratificaron la condena inicial y aumentaron la pena de Adrián Mastandrea de 8 a 10 años de prisión fueron Ángel Cal, Luis Charles y Gabriela Merialdo. Esta decisión se tomó en el marco de la apelación presentada por la defensa tras la sentencia de primera instancia emitida por el juez Marcelo Malvar en octubre de 2021.
Fallo de la Suprema Corte
En 2020, la Suprema Corte confirmó la sentencia en marzo del 2023, cerrando el capítulo judicial con un agrio dejo a injusticia no solo para Mastandrea sino para todo un pueblo Uruguayo a merced de un sistema judicial autómata, que ha abandonado el debido proceso, el sentido común, y la humanidad, condenando sin miramientos a largos períodos de reclusión a hombres inocentes.
Las acusaciones de irregularidades contra la fiscalía, aunque la familia insistió en que se violaron derechos como la presunción de inocencia y el debido proceso, han quedo en nada.
El fallo, ampliamente interpretado como una ratificación de los errores procesales previos representa un llamado de atención sobre cómo décadas de instrumentalización feminista de hecho han dejado a los hombres en libertad condicional.
Funcionarios y jerarcas implicados en el Caso Mastandrea
Los fiscales identificados como participantes en el caso incluyen:
- Sylvia Lovesio: Fiscal inicial. Se apartó del caso, denunció que Mastandrea era inocente y que se trataba de una denuncia falsa extorsiva.
- Willian Rosa: Presidente del gremio de fiscales, habría recibido – según Mastandrea – por instrucción de Jorge Díaz y archivado irregularmente la denuncia de extorsión presentada por la fiscal Lovesio.
- Mariana Alfaro: Toma la causa por presunto abuso sexual también por instrucción de Jorge Díaz. Apela la resolución de la jueza Aguirre de dar domiciliaria a Mastandrea y hace que vuelva a ser recluido.
- Jorge Díaz: (Fiscal de corte) Supervisó la acción de fiscales durante la primera parte del proceso, derivado las causas por abuso y extorsión para ser tramitadas por carriles separados. Esto dificultó que Mastandrea pudiera probar su inocencia, y contribuyó a ocultar las falencias de la investigación inicial.
- Juan Gómez: (Fiscal de corte). Sucede a Jorge Díaz. Luego del desarchivo de la causa por extorsión, la deriva a una fiscalía dirigida por su esposa.
- Rosa Aguirre: (Jueza) Dispone la prisión preventiva de Adrián Mastandrea, pero le concede la domiciliaria luego de la carta de Lovesio a Jorge Díaz denunciando que Mastandrea es inocente.
- Marcelo Malvar: (Juez) Condena en primera instancia a Adrián Mastandrea.
