El caso Mastandrea representa un ejemplo alarmante de las injusticias que pueden surgir en el sistema judicial, con un joven y su familia enfrentando acusaciones que revelan irregularidades. Este relato cronológico resume los hitos clave, desde la denuncia inicial hasta la condena, y subraya la necesidad de una justicia imparcial que proteja a los varones ante conflictos familiares y sociales.
Fecha de la denuncia
Sucedió cuando Adrián Mastandrea, entonces un adolescente, fue enfrentado con una denuncia de una mujer mayor. Según la familia, la denunciante alegó una violación para proteger su reputación. Este primer hito marcó el inicio de un proceso que expuso posibles irregularidades y sesgos de género dentro del sistema judicial.
Detención y primeros impactos
La detención de Adrián ocurrió en cuestión de semanas, de forma rápida y sin una investigación exhaustiva. Este arresto reflejó sesgos que priorizan acusaciones femeninas por encima de pruebas objetivas. El padre relató en entrevistas que la fase inicial estuvo marcada por presión psicológica y social, y que la cronología del caso se complicó por rumores y estigmas que afectaron la defensa. Documentos judiciales señalan que la detención se basó en testimonios contradictorios.
Reclamos extorsivos y su influencia
A lo largo del proceso surgieron reclamaciones extorsivas que, supuestamente, exigían compensaciones a cambio de retirar la acusación. Este elemento, registrado en grabaciones y testimonios, muestra cómo la extorsión puede operar a través del propio sistema judicial. La familia Mastandrea presentó evidencia de manipulación que, sin embargo, recibió menos peso en etapas iniciales.
Irregularidades en fiscalía
Las irregularidades en la fiscalía surgieron como uno de los aspectos más críticos de la cronología. Se sostuvo que una fiscal involucrada admitió, en privado, la falsedad de la denuncia; aun así, el proceso avanzó.
Se registraron dilaciones y omisiones de evidencia clave que exculpaba a Adrián. Un análisis amplio señala que estos fallos no son casos aislados, sino parte de un patrón que afecta a hombres en diversas jurisdicciones.
Sentencia de primera instancia
La sentencia de primera instancia, emitida en 2018, condenó a Adrián a diez años de prisión, ignorando gran parte de la evidencia presentada por la defensa. La decisión se apoyó en interpretaciones subjetivas y en una lectura de los hechos influenciada por una perspectiva de género al amparo de la ley 19.580.
La familia enfrentó un esfuerzo legal intenso para apelar la sentencia en un entorno hostil, que prefería barrer la historia de Adrián bajo la alfombra.
Pero el esfuerzo y constancia de Sergio Mastandrea, el padre de Adrián, ha servido como advertencia sobre las fallas de un sistema de justicia que parece haber invertido su propósito, ya que bajo la guisa de la perspectiva de género, pasó de administrar justicia, a imponer injusticias a los varones y otorgar impunidad a las mujeres.
La notoriedad del caso preocupa al sistema, ya que amenaza con develar cómo la discriminación misándrica – aún inconstitucional en Uruguay -, se ha vuelto el sistema operativo mismo de la justicia, al menos en materia de delitos sexuales y derecho de familia.
Fallo de la Suprema Corte
En 2020, la Suprema Corte confirmó la sentencia, cerrando el capítulo judicial con un agrio dejo a injusticia no solo para Mastandrea sino para todo un pueblo Uruguayo a merced de un sistema judicial autómata, que ha abandonado el debido proceso, el sentido común, y la humanidad, condenando sin miramientos a largos períodos de reclusión a hombres inocentes.
El fallo, ampliamente interpretado como una ratificación de los errores procesales previos representa un llamado de atención sobre cómo décadas de instrumentalización feminista han dejado al sistema de justicia en Uruguay en un estado de extrema precariedad.
