Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, se presentó por vía penal contra el gobierno español por haber permitido la celebración multitudinaria del 8M. La letrada acusó al gobierno de ocultar datos y no declarar el estado de alerta para permitir la manifestación feminista.
La investigación cuenta con una batería de diligencias a la policía, médico forense y Guardia Civil, por la situación de la evolución del estado de alarma. Desde el dos de marzo, cuando el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades emitió un informe de aviso por la llegada de la pandemia, en España hubo unas 77 reuniones masivas destacándose la correspondiente por el Día de la Mujer.
La jueza observó que debió limitarse su realización ante la “desproporcionada perturbación de otros bienes”, pese al derecho de reunión de la Constitución. Cada vez se abren más interrogantes sobre el retraso en emitir el alerta de peligro a la propagación del Covid-19. Ante esta situación se hace el reclame si estas manifestaciones pudieron elevar el riesgo de contagio y de vida de los habitantes españoles.
Las manifestaciones masivas que permitió el gobierno central español, obviando las recomendaciones sanitarias en los días previos a las aglomeraciones de personas, que tuvo su epicentro con la marcha del 8M.
