En el primer semestre de 2025, Uruguay presenta un panorama alentador en cuanto a la disminución de delitos, con cifras que muestran una notable baja en la mayoría de las categorías delictivas. Sin embargo, hay una excepción notable: los delitos de género no han seguido esta tendencia, lo que abre un espacio para la reflexión y el análisis crítico sobre el contexto y las implicaciones de estas estadísticas.
La disminución general de delitos en Uruguay
El Ministerio del Interior de Uruguay ha reportado que durante el primer semestre del año en curso, la tasa de criminalidad ha disminuido en prácticamente todas las categorías de delitos. Esta reducción es un indicativo positivo, reflejando quizás una mayor efectividad en las políticas de seguridad pública y un compromiso renovado por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Los delitos de género como excepción
Sin embargo, al observar las cifras, es evidente que los delitos de género se mantienen en niveles preocupantes. Esto plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas implementadas para enfrentar esta problemática. Mientras que otros delitos han visto un descenso, los incidentes relacionados con la violencia de género parecen no seguir la misma tendencia, lo que genera inquietud en la sociedad y en el ámbito judicial.
Un análisis profundo de las causas
La razón detrás de esta divergencia en las cifras puede estar relacionada con el uso y la percepción de las herramientas legales disponibles. En muchas ocasiones, las acusaciones de delitos de género son utilizadas como un recurso en conflictos interpersonales. La sistemática inoperancia en combatir esta instrumentalización, devela asimismo que éste es el verdadero propósito de estas leyes, y no proteger a las víctimas reales de situaciones de abuso, lo que se utilizó como excusa para imponerlas.
El impacto social de las leyes de género
Para prevenir los abusos, es vital derogar o, en su defecto, al menos lograr que se implementen de manera que no se conviertan en herramientas de sometimiento o manipulación. La percepción de que estas leyes pueden ser invocadas en cualquier conflicto con un varón para reclutar al estado para que ejerza una brutal violencia institucionalizada contra una pareja o ex-pareja, sometiéndolo a una persecución penal injusta, ha creado como era de esperar un ambiente de desconfianza y resentimiento, afectando no solo a los hombres, sino a la sociedad en su conjunto.
