Los últimos datos oficiales del 2019, previos a esta situación de emergencia sanitaria, develan que un 98% de las denuncias por violencia doméstica fueron falsas. Estos números son fácilmente contrastables con las diversas áreas gubernamentales.
Tanto la información que puede recogerse del Poder Judicial como los indicadores que se establecen en sitios oficiales del gobierno uruguayo generados por el Ministerio del Interior confirman esta realidad. Sobre un total de 40.000 denuncias que se realizaron en 2019, vinculadas a violencia doméstica, se comprobó algún delito a solamente 900 personas.
De estos números surge que un 98% de las denuncias realizadas resultaron falsas, y dañaron la buena imagen y reputación de hombres inocentes. Además del daño moral, se suma que muchas de estas denuncias falsas acarrearon «medidas cautelares» que se impusieron sobre los hombres inocentes sin mediar semiplena prueba. Algo contrario al ordenamiento jurídico tradicional, pero facilitado por la Ley Integral de Violencia de Género.
Estas medidas tomadas por el estado contra ciudadanos inocentes incluyen la imposición de tobilleras electrónicas, las órdenes de alejamiento, en algunos casos de la propia vivienda familiar del hombre sin proveerle el estado una residencia alternativa, e incluso prohibiciones de ver a sus propios hijos.
