La ideología de género ha terminado por pervertir el sistema judicial hasta convertirlo en una dictadura sexista, donde todo hombre, por el mero hecho de ser varón, es culpable por nacimiento.
España dejó de ser un Estado de Derecho en el año 2004, con la aprobación de la genocida ley integral de violencia de género, que supuso la creación de tribunales de excepción, la introducción de la figura penal del delito de autor, la inversión de la carga de la prueba, la asimetría penal y la vulneración de derechos humanos y fundamentales de la mitad de la población: los hombres. Todo ello, con la colaboración y aquiescencia de jueces, fiscales y demás operadores judiciales.
La expresión “la Justicia debe ser ciega” hace referencia a que debe ser imparcial, objetiva e independiente, de modo que todos los ciudadanos sean iguales ante la Ley. Sin embargo, desde asociaciones feministas, medios de comunicación, partidos políticos, y lo que es más grave, asociaciones de jueces y fiscales, se exige abiertamente implantar la “perspectiva de género” en la Justicia. La Justicia nunca ha tratado a igual a hombres y a mujeres, incluso antes de la ley integral de violencia de género, como lo demuestra la disparidad en la asignación de custodias de los hijos en caso de divorcio o que los hombres sean sentenciados a penas más largas que una mujer por el mismo delito.
Jueces y fiscales han terminado siendo cómplices de un sistema mediocre, nefasto y perverso, con responsabilidades directas en un número incalculable de vidas sesgadas por dictar resoluciones judiciales abiertamente injustas, abusivas y contrarias a los derechos humanos, que empujan a ciudadanos desesperados al suicidio, en el mejor de los casos, o actos inadmisibles de violencia contra sus ex-parejas. Debemos tener claro que no podemos esperar “justicia” de la Justicia, cuando quienes trabajan en los juzgados aplican leyes profundamente injustas, y lo hacen con plena conciencia de ello.
Exigir perspectiva de género en la Justicia es equiparable a cuando los nazis implantaron perspectiva racial en la Alemania de los años 30. Tras la llegada de los nazis al poder en Alemania en 1933 se produjo una colisión entre la ley y el Estado pues los nazis promulgaron una “perspectiva racial” de corte transversal en todas las áreas de la sociedad, y que debía implementarse en la Justicia. El abuso de derecho fue una característica imperante de la dictadura nazi. Los juristas nazis no percibían la justicia en términos de teorías abstractas sobre el derecho natural o los derechos civiles arraigados en las tradiciones liberales de las democracias occidentales, sino concebían la justicia como fruto de un momento especial, concreto, de la historia que daba a la ley de la dictadura nazi su validación. La idea fundamental que pivotaba en el Estado nazi era que la ley se imponía en beneficio de una determinada situación histórica, y que ello, justificaba plenamente cualquier modificación en aras a proteger al ciudadano alemán del enemigo sionista.
Durante los primeros años de gobierno nazi fueron destruyéndose progresiva y paulatinamente todo vestigio de un Estado de Derecho, con el silencio cobarde del Poder Judicial Alemán, cuando no con su colaboración activa con personajes de todos los estamentos: legisladores, jueces y fiscales como E. Mezger, C. Schmitt, Philipp Heck, Franz Gürtner, Carl Schmitt, Roland Freisler, Wilhelm Frick, Ernst Forsthof, Otto Georg Thierack… No hubo voz crítica en contra. Muchos juristas alemanes pensaban que su sistema era legal y legítimo, pues la dictadura nazi se basó en el principio de que el Estado se encontraba por encima de la ley, y así el Estado nazi no se vio sometido a sus propias leyes ni a control judicial alguno y las autoridades estatales podían apelar a las exigencias de las leyes raciales para explicar su estatus especial. Bajo dicho sistema los derechos individuales estaban siempre sometidos a los intereses de la colectividad. Otro principio importante de funcionamiento legal nazi fue el ver la ley como instrumento en la guerra contra los enemigos de la sociedad. La ley podía y de hecho lo hizo, definir quién merecía que se le incluyera en la comunidad racial y a quién había que excluir de ella. Exactamente como hace la ley integral de violencia de género, que considera que la vida de un hombre no es digna de la misma protección que una mujer.
Fue así como a partir de 1935 empezaron a dictarse unas leyes de carácter racista y antisemita en la Alemania nazi, adoptadas por unanimidad, y que supusieron el comienzo de la persecución, discriminación, hostigamiento y posterior genocidio del colectivo judío en suelo alemán, ante la indiferencia de la mayoría del pueblo teutón y el visto bueno del Poder Judicial, que permitió cumplir unas leyes profundamente injustas, contando con un acatamiento obediente del cual se sirvieron jueces y fiscales para promocionarse profesionalmente. Es tristemente célebre, Roland Freisler, uno de los más temidos e implacables jueces del nazismo, que escenificaba farsas judiciales dirigiéndose a los encausados de manera humillante y prohibiéndoles usar cinturones para sujetar sus pantalones, a fin de que se les cayeran para ridiculizar a los judíos en las audiencias.
El resultado de unas leyes abiertamente injustas y contrarias a los derechos humanos fue el Holocausto, con unos 10 millones de asesinados entre judíos, gitanos y otros grupos étnicos, sociales e ideológicos.
Tras la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, se celebraron los Juicios de Nuremberg, donde la mayoría de los imputados se defendieron basándose en el desconocimiento de las consecuencias de sus actos o negando los hechos bajo el principio de que estaban amparados bajo la obediencia debida como principio legal exculpatorio. Los procesos de Nuremberg dejaron claro que la obediencia debida no exime de los delitos que se puedan cometer si las órdenes recibidas son manifiestamente injustas, atentan contra la vida y dignidad del ser humano de acuerdo con el Derecho Natural.
Para la inmensa mayoría de jueces, abogados y fiscales que habían intervenido activamente en la Alemania nazi dictando sentencias de muerte, recluyendo a los reos en campos de concentración o condenándolos a trabajos forzados, no hubo castigo alguno tras la Segunda Guerra Mundial. La mayoría, para vergüenza de la humanidad, se incorporaron al sistema judicial de la República Federal Alemana sin responder jamás por sus actos. Tanto es así, que 90 de los 170 directivos del Ministerio de Justicia de la República Federal Alemana habían sido miembros del partido nazi, y hasta 1 de cada 5 había sido miembro de los grupos de asalto de las S.A.
Con la Ley Integral de Violencia de Género se está tratando a los varones como lo hacían las ideologías fascistas y nazistas en la década del 40, en el siglo pasado. Es una ley ideológica, profundamente injusta e ineficaz, que ha provocado más muertes que las que supuestamente pretendía evitar. Entre 1999 a 2003 se registraron una media de 58.4 mujeres asesinadas por violencia doméstica, frente a un incremento en la media de 59.4 en el período 2005 a 2018. ¿Los únicos beneficiarios de esta Ley? Todos aquellos que han utilizado la ley como un negocio altamente rentable.
Pese a presentarse casi 200 cuestiones de inconstitucionalidad, voces críticas de más 150 juristas nacionales e internacionales que afirmaban que la Ley Integral de Violencia de Género era incompatible con un Estado de Derecho, la ley fue aprobada por el Tribunal Constitucional por 7 votos a favor y 5 en contra. 15 años más tarde y más de 65.000 millones de euros invertidos, las cifras de mujeres víctimas de violencia doméstica no han descendido. ¿Alguien se ha parado a pensar cómo puede reaccionar un hombre honrado que es falsamente denunciado por su ex-pareja, detenido, esposado y sacado de su domicilio delante de sus propios hijos y vecinos, que pasa 72 horas en un calabozo, y al que se le puede poner una orden de alejamiento y expulsión del hogar durante una media de dos a cuatro años, estigmatizado socialmente de por vida y separado de sus hijos hasta que se demuestre su no culpabilidad en un juicio?
La mayoría de nuevas generaciones de jueces y fiscales están convenientemente adoctrinados en perspectiva de género. Los jueces críticos con el sistema, callan conveniente, para no ser expuestos públicamente y sometidos a escarnio por no comulgar con la nueva ideología totalitaria. Ningún juez que quiera promocionar profesionalmente puede cuestionar la ley, o las asociaciones feministas pedirán su cabeza, como les ha pasado a los magistrados Francisco Serrano o María Sanahuja. Y así, por fanatismo de unos y cobardía de otros, se está construyendo un Apartheid sexual en España del que sentirán verdadera vergüenza las generaciones venideras.
