El estado judío retiene el 36% de los ingresos de los migrantes y solo se los devuelve cuando salgan del país.
Africanos en Israel
Según AP, los cerca de 35.000 migrantes africanos que se han asentado en Israel, han enfrentado detenciones, y hostilidad generalizada por parte de las autoridades.
Muchos de estos migrantes, principalmente provenientes de Sudán y Eritrea, se establecieron en el sur de la ciudad de Tel Aviv, motivando el reclamo de los residentes judíos por un aumento percibido en la criminalidad de la zona.
Deportaciones a terceros países
Enfrentadas con esta situación las autoridades del estado judío decidieron buscar acuerdos con países africanos para deportar a los migrantes no-deseados a los que se los denomina oficialmente «infiltrados».
Un plan para deportar a estos migrantes a Uganda, no prosperó en las cortes. Un acuerdo entre Israel y la ONU para deportar a los africanos a diferentes países occidentales, también se vio frustrado por razones que no fueron del todo dilucidadas, a pesar de haber sido saludado por ONGs judías dedicadas a denunciar la xenofobia y el maltrato a refugiados en occidente.
A pesar de estos reveses, Netanyahu expresó su determinación de «remover a los infiltrados».
«A pesar de las crecientes limitaciones legales internacionales, continuaremos trabajando con determinación para agotar todas las posibilidades disponibles para remover a los infiltrados».
Benjamin Netanyahu, Presidente de Israel.
Incentivos económicos para volver a su país o radicarse en otros
Ante el fracaso de las deportaciones forzadas, el gobierno israelita pasó a ofrecer incentivos económicos a los africanos para que se retiren por propia voluntad de su territorio. El estado judío ofreció a los africanos una curiosa alternativa: O retirarse del país y cobrar US$ 3.500 cada uno, o ser enviados a prisión.
La «Ley Depósito»
El último e innovador intento para expeler a los africanos de Israel, es la «Ley Depósito». La misma consiste en la retención del 20% de los ingresos de los migrantes hasta que abandonen el territorio Israelí.
Adicionalmente, la ley obliga a los empleadores de estos migrantes a retenerles un 16% extra de su salario con objeto de crear un «fondo provisional» al que los africanos nuevamente solo tendrán acceso una vez se retiren de Israel.
Los empleadores que contraten migrantes, además, deberán pagar un impuesto adicional establecido con el objetivo declarado de motivar el empleo de israelíes por sobre extranjeros.
