La presentación de una denuncia, sin importar la veracidad de la misma, trae una serie de beneficios para la víctima, como órdenes de protección y medidas tanto cautelares como civiles.
Junto con la prohibición de aproximación, de comunicación y la pérdida de la tenencia, como también en algunos casos la privación de la libertad. A esto se suma la suspensión del régimen de visitas, la patria potestad, la custodia y prestación de alimentos.
Las denuncias falsas consiguen la proscripción de la custodia compartida de hijos menores para los denunciados, como así también el derecho a la asistencia jurídica gratuita y el acceso a derechos económicos, como así también la autorización de residencia temporal y trabajo.
El uso de estos beneficios es parte de los derechos que entrega una denuncia, aunque los hechos no se corresponda con la realidad. El denunciado, pese a que los hechos relatados por la denunciante sean falsos, sufre el inicio de los denominados protocolos de seguridad y la pérdida de todos los derechos.
Las denuncias falsas, cada vez más crecientes, terminan afectando a las verdaderas víctimas, las cuales sufren las mermas de credibilidad. De la misma manera, se expone al varón a una condena que puede terminar complicando su futuro.
A esto se suma que, en muchas ocasiones, cuando se retira la denuncia efectuada, la investigación no continúa para llegar hasta el fondo del asunto para conocer la verdad de la situación. El silencio oficial en muchos casos no hace más que confirmar la conspiranoia que crece en torno a las denuncias falsas y la pérdida de derechos.
FUENTE: Revista Libertalia
