En lo que solo puede describirse con un dictamen completamente misándrico, la suprema corte de justicia peruana, dictaminó que en casos en los que se dispute la paternidad de un hijo, el esposo de la madre deberá hacerse cargo financieramente del hijo de la mujer, aún cuando se compruebe mediante un test de ADN que el niño es objeto de un fraude parental.
Solo son tomados en cuenta «los intereses del niño», justificando estos, de acuerdo al criterio de estos jueces, someter a un hombre al calvario de cargar con la responsabilidad legal de mantener al niño fruto de la traición de su pareja.
Este varón al que se le carga la obligación de mantener a este niño, no solamente no es el padre, sino que es víctima de una traición ejercida por su mujer a los códigos de pareja aceptados por toda la sociedad.
Pero lejos de retribuir a este hombre por la violencia de la que ha sido objeto, se lo vuelve a victimizar, cargandole la responsabilidad de mantener al hijo que otro hombre ha tenido con su esposa.
Al resolver un amparo en revisión (1321/2013), los ministros le dieron la razón a la madre, quien argumentó que debía prevalecer el interés superior de su hijo por encima de su identidad genética.
Esto, para que el niño tuviera derecho, al igual que dos de sus hermanos que sí fueron reconocidos por el padre, a la pensión alimentaria correspondiente.
Dada la prevalencia de la misandria en el gobierno Uruguayo consideramos inminente el riesgo de que se establezca un precedente análogo en Uruguay. Este tipo de dictámenes judiciales son de una crueldad abominable, respecto a hombres que han sido traicionados por sus parejas, engañados y despojados de su sustento, obligándolos a cargar con las consecuencias de la violencia psicológica a la que fueron sometidos por sus parejas.
Por si fuera poco, además, vuelven a impunizar a la mujer, incentivando la multiplicación de los casos de fraude parental, sumando una nueva razón para que los varones debamos desistir, para proteger nuestra dignidad y sustento, de ejercer nuestro derecho reproductivo más básico: el derecho a formar e integrar una familia.