212 medidas discriminatorias del varón y sus consecuencias legales que lo convierten en ciudadano altamente vulnerable (España).
Las más de 200 medidas que recoge este dictamen aún deben ser ratificadas por el pleno del Congreso cuando se reanude el periodo de sesiones, aunque dado los resultados de la votación todo apunta en que para cuando empiece nuevo periodo de sesiones tras las vacaciones de verano (2017), a menos que haya un sismo político, se establecerá un bloque más en la construcción del muro legal que separarán los sexos y por ende a toda la sociedad española.
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*Implicaciones generales del pacto de estado:
– Se amplia el concepto de violencia de género (con la consecuente gravedad penal que ello implica para la problemática en los conflictos entre sexos).
– Se proponen leyes independientes para la violación y para la trata, negando que la maternidad subrogada sea un abuso de la mujer (dejando la prostitución fuera del pacto de estado deja abierta la puerta a la legalización de la prostitución, así como del negocio de los vientres de alquiler).
– Se dota con 1.000.000.000 el presupuesto para cinco años que subvencionará el conglomerado social de violencia de género (engrasando el aparato ideológico en temas de género e igualdad).
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** Ejemplos prácticos de las implicaciones del pacto de estado:
1. Sensibilización y prevención
– Aumentará la presencia de la ideología de género y el feminismo en la educación obligatoria, incluyendo educación emocional y sexual del niño (con el ideario común de la LGBT).
– Se exigirá la formación en feminismo e ideología de género al futuro profesorado (maestros y profesores feministas y adeptos a la ideología de género).
– Facilitará becas y ayudas al estudio, y bajará la exigencia del umbral académico cuando exista denuncia por violencia de género (fomentando la denuncia por violencia de género en las escuelas, siendo una argucia más para conseguir pasar el curso o recibir ayudas del estado).
– Se utilizará la Seguridad Social como plataforma para lanzar una campaña ideológica en feminismo e ideología de género (con intención de formatear a toda la sociedad en el ideario LGBT desde el mismo médico de cabecera).
– Accionará desde los ayuntamientos la imposición de la ideología de género utilizando los espacios públicos como plataforma ideológica (obligará a los ayuntamientos a lanzar campañas en ideología de género).
– Censurará y perseguirá desde el cuerpo de policía, los medios de comunicación e internet cualquier referencia no acorde con la idiosincrasia feminista y de género (limitando la libertad de expresión a a aquello políticamente correcto).
– Coaccionará al mundo del deporte por no adecuarse a las consignas de género y feministas (ampliando sanciones a cualquier nivel que sea considerado como expresión de machismo).
– Incluir los interrogatorios sobre la vida privada del paciente en los centros sanitarios (con el pretexto de mejorar la detección precoz de la violencia de género).
– Exigir estudios de género y feminismo para el desempeño profesional en los ámbitos de la salud, la educación, cuerpos de policía y juzgados (extendiéndose en general a todo el funcionariado).
2. Mejora de la respuesta institucional: coordinación.
– Incluirá como violencia de género cualquier conflicto conyugal y privado en que participen un varón y una mujer, considerado hasta el momento como simple acto violento dentro del ámbito privado (con esta medida se zanja el derecho a la privacidad, perdiendo totalmente el varón la presunción de inocencia).
– Suprimirá los atenuantes de confesión y de reparación del daño en delitos de violencia de género (lo que supone que no servirá de nada el demostrar arrepentimiento y voluntad de mejora por parte del varón acusado de violencia de género).
– Considerará cualquier práctica tradicional donde se practique la mutilación genital femenina como agravante penal (medida dirigida básicamente a grupos étnicos donde se practica la ablación del clítoris, aunque no de la circuncisión. Como curiosidad, esta medida no contempla el cambio de sexo como mutilación por ser considerado una mejora social y psicológica a pesar de su origen íntegramente ideológico).
– Facilitará los mecanismos por los cuales una mujer denunciante adquiere la condición de víctima de violencia de género (lo que supone que con dicha acreditación, no solo tendrá mayor facilidad y rapidez para beneficiarse de las ayudas destinadas a las víctimas de violencia de género, sino que agilizará los trámites aumentando las estadísticas sobre violencia de género).
– La mujer inmigrante podrá acogerse a las ayudas del estado y regular su situación como inmigrante ilegal (por lo que el territorio español será considerado como el paraíso de cualquier mujer inmigrante que denuncie por violencia de género a un ciudadano varón residente en el territorio español).
3. Asistencia y protección a las víctimas.
– Se instaurará un tutelaje permanente a la mujer que denuncie por violencia de género (proporcionándole asesoramiento en sus derechos para con su estatus social de víctima de violencia de género, lo que incluye el acompañamiento y todo aquello relacionado con su sustentabilidad).
– Reforzar la asistencia jurídica a las mujeres víctimas antes, durante y después del procedimiento judicial (lo que supone blindar legalmente a la mujer que denuncie por violencia de género)
– Creación de unidades policiales especiales para la lucha contra la violencia de género (creando así una nueva especialidad en el poder ejecutivo con posibilidad de actuar independientemente de las unidades policiales estándar, o dicho de otro modo, la creación de la policía de género).
– Incluir a los hijos en las valoraciones de riesgo de las víctimas (lo que significa extender al menor el distintivo como víctima de la violencia de género en el conflicto de pareja).
– Incluirá un subsidio de desempleo específico para las víctimas de violencia de género (lo que supone incentivar las denuncias de violencia de género en casos de precariedad económica o en la picaresca subsidiaria).
4. Asistencia y protección de los menores.
– Garantizar una prestación a todos los huérfanos por violencia de género (medida discriminatoria a aquellos huérfanos por otros motivos)
– Establecer mecanismos para asegurar las pensiones de orfandad que puedan corresponder a los hijos de víctimas de violencia de género (medida discriminatoria a aquellos huérfanos por otros motivos).
– Adoptar medidas que permitan que la custodia compartida en ningún caso se imponga en casos de violencia de género (ello supone erradicar la custodia compartida a petición de la mujer con la mera denuncia por violencia del padre progenitor).
– Establecer el carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia (esta media da a la mujer la opción de negar que sus hijos vean a su padre con solo interponer una denuncia por violencia de género).
– Prohibir las visitas de los menores al padre en prisión condenado por violencia de género (forma esta de arrasar con la patria potestad del padre varón en caso de ser denunciado por violencia de género).
– Modificar la ley para proteger a las víctimas de violencia de género de otros países que decidan secuestrar a sus hijos y traerlos a España (lo que convierte esta medida al territorio español como un lugar de asilo para cualquier mujer con sus hijos que quiera negar la presencia del padre con solo interponer denuncia por violencia de género en su país de origen).
5. Seguimiento estadístico y recomendaciones a las administraciones.
– Se recopilarán datos sobre las distintas formas de violencia sobre la mujer recogidas en el Convenio de Estambul (lo que supone la creación de listas de hombres potencialmente violentos según las consignas de la perspectiva de género, con clara intención de aprovechar esos resultados para el endurecimiento de las políticas venideras en materia de violencia de género).
– Instará al Gobierno de España a liderar en el ámbito de la Unión Europea la promoción de un pacto sobre medios de comunicación y violencia de género (convirtiendo a España en líder de la censura mediática).
6. Atención a otras formas de violencia contra la mujer.
– Promover programas integrales de atención a la violencia sexual en todo el territorio en colaboración con las comunidades autónomas (lo que supone obligar a las Comunidades Autónomas a seguir la agenda de género multiplicando la creación de centros de atención en temática de género).
– Impulsar una ley integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (esta medida son los preliminares de la futura legislación para la legalización de la prostitución).
– Desincentivar la demanda de prostitución mediante campañas de concienciación y talleres de sensibilización dirigidos a los jóvenes (obligar a la juventud a presenciar y vivenciar la prostitución, independientemente de sus propios intereses y actitudes sexuales).
– Implementar instrumentos de protección de emergencia para las víctimas de matrimonio forzado (si bien esta medida podría ir dirigida primeramente a evitar los matrimonios por violación, también está dirigida para erradicar las costumbres extranjeras del matrimonio de conveniencia que practican otras culturas dentro del territorio español, lo que ello supone también convertir el territorio nacional en lugar de asilo para aquellas personas extranjeras que se opongan a esa práctica en sus propios países, engrosando así las necesidades de las partidas económicas destinadas a esta injerencia cultural hacia otros países).
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*** Otras consecuencias derivadas de las medidas aprobadas en el pacto de Estado contra la Violencia de Género:
– Entre las novedades introducidas, incorporan la modificación de la Ley para que las menores víctimas de violencia de género puedan abortar (sin el consentimiento de sus padres, y ni siquiera con la necesidad de estar informarlos de ello, lo que supone un atentado contra la patria potestad de los padres).
– Se propone que las declaraciones de las víctimas en el juicio oral puedan ser sustituidas por grabaciones en vídeo de su testimonio durante la fase de investigación, a fin de evitar «una segunda victimización y la impunidad de los agresores» (lo que anula la posibilidad de detección de las denuncias falsas -ya de por sí difíciles de detectar con las medidas actuales- por incongruencia entre las declaraciones policiales y las acaecidas en el juicio).
– Se baraja la posibilidad de reformar el artículo 416 de la ley de Enjuiciamiento Criminal para que la víctima de violencia de género no tenga que declarar contra su agresor (lo que supone mayor libertad para mantener una declaración en falso).
– La dotación económica para el pacto de Estado contra la Violencia de Género supone el reparto de mil millones de euros entre ayuntamientos (100), Comunidades Autónomas (500) y Estado (400), en relación de más de un 50% dirigido a engrosar las partidas de las CCAA (lo que en términos prácticos podría considerarse como una forma de incentivar la aceptación de la inclusión en política de todas estas medidas contra la violencia de género por parte de los gobiernos autonómicos).
– Se ha puesto sobre la mesa la creación de un plan de acción para visibilizar la violencia sexual de adultos y menores mediante una macroencuesta realizada por organismos fiables (lo que por un lado supone la intromisión legal en la intimidad del individuo y la familia, mientras que por otro supone una recogida de datos sobre los que trabajar posteriormente bajo las premisas de la perspectiva de género, sin especificar ni las intenciones ni su uso).
– Se perfila la distinción y bifurcación legal en el tema de violación y prostitución, marcando una linea divisoria entre ambas realidades sociales (mientras se pretende ampliar el concepto de violación dentro de las relaciones sexuales, y el de la prostitución como actividad mercantil con futura previsión para que se convierta en una actividad económica fiscalizable).
– Al considerar a las madres de niños asesinados por su progenitor como víctimas de la violencia de género, se estudia asignar vivienda a los tutores o centros de acogida del menor (lo que por un lado alivia la carga asumida por los tutores que disponga el juez, pero en su defecto proporcionará recursos a los centros de acogida que tal vez, como previsión, se espera que aumenten tras la imposición de este conjunto de medidas contra la violencia de género (sic)…)
– Junto a estas medidas contra la violencia de género se trabajará para fomentar el juego y los juguetes igualitarios mediante campañas y recomendaciones directas a empresas (lo que supone que incluso las empresas ser verán obligadas en su actividad económica a ceñirse a los postulados de la perspectiva de género).
– Entre las medidas aprobadas se encuentra la elaboración de materiales educativos para profesores y alumnos en la didáctica en perspectiva de género, donde entra la resolución pacífica de conflictos, los roles de género, los trastornos en la alimentación y los mitos del amor romántico, entre otros (todo este material bien articulado, dispuesto y estudiado para cumplir con la agenda de ingeniería social que pretende remodelar el concepto de sociedad basado en los valores tradicionales por otros surgidos de un pensamiento ideológico de corte marxista, basados en el supuesto de la igualdad entendida como uniformidad entre los sexos, saltándose sus diferencias biológicas, sus propias características psicológicas, sus funciones sociales y sus raíces culturales).
– Y por último, para vigilar el cumplimiento del pacto, se creará una Comisión Mixta parlamentaria de seguimiento Congreso-Senado (lo que supone la creación de una comisión paralela al gobierno, con un cierto grado de autonomía, especie de «cuerpo de protección», que recuerda el estilo del cuerpo de policía de la Gestapo alemana, la cual velará por el cumplimiento del ideario de género implementado con este «pacto de Estado contra la Violencia de Género» y sus sucesivas actualizaciones).