Desde el 1 de agosto de 2023, se ha logrado un hito importante en la independencia judicial en España gracias a una iniciativa de la «Plataforma Por Una Justicia Independiente«, a la que se unió ANAVID y en la que participaron numerosos youtubers, jueces, padres, familias afectadas por leyes desiguales, entre otros. Como resultado de esta iniciativa, se ha fortalecido la independencia judicial en el país.
En concreto, desde esa fecha, la presidenta del «Observatorio de Violencia de Género», Ángeles Carmona, ya no forma parte de la COMISIÓN DISCIPLINARIA del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial), lo que implica que el «Observatorio de Violencia de Género», como institución, deja de ser parte del Poder Judicial. Durante 18 años, esta entidad había ejercido un control sobre los jueces y sus decisiones a través del órgano sancionador del Poder Judicial, lo cual es un asunto sumamente serio en una democracia.
Presión hembrista sobre la justicia española
Desde 2004, el presidente del «Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género» había sido directa o indirectamente parte del órgano que sancionaba a los jueces: la COMISIÓN DISCIPLINARIA del CGPJ.
Una de las funciones del «Observatorio de Violencia de Género» era implementar la Perspectiva de Género y el Feminismo en el Poder Judicial, lo que amenazaba la Independencia Judicial de un Estado de Derecho, además de violar el principio de «igualdad ante la ley» (Artículo 14 de la Constitución Española, Artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea) y la Primacía del Derecho de la Unión Europea. Esto se debe a que cuando la justicia se aplica desde una «perspectiva», deja de ser imparcial para volverse parcial, beneficiando a una parte de la población en detrimento del resto.
La Primacía del Derecho de la Unión Europea es una regla fundamental para la existencia de la UE y, en caso de conflicto, hace que la norma interna incompatible con el derecho comunitario sea inaplicable.
Este cambio marca un avance significativo hacia la independencia judicial en España y la observancia de los principios legales y derechos fundamentales tanto a nivel nacional como en la Unión Europea.
