Roberto, trabajador municipal, fue víctima de una denuncia falsa de acoso sexual a manos de una menor de edad. Plegándose a esta denuncia, la intendencia le inició un sumario administrativo basándose en la «Perspectiva de Género«, una doctrina legal que implica creer las denuncias falsas sin pruebas cuando son realizadas por una mujer en contra de un hombre.
El sumario, un proceso administrativo para resolver sanciones a un trabajador, habría ocurrido con irregularidades, ya que lo halló culpable del hecho sin mediar investigación alguna, según la demanda que Roberto interpuso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
El TCA falló en favor de Roberto, anulando las sanciones impuestas por la intendencia.
“La administración me sancionó con una única prueba consistente en la declaración de la denunciante»
El último fallo del tribunal condenó a la intendencia a pagarle 30.000 pesos uruguayos más 5.500 dólares (más los correspondientes intereses) a Roberto, a causa del daño moral que la institución infligió en su contra.
Nota completa publicada en El País.