Desde Uruguay solemos ver a la vieja Europa y especialmente a Alemania, como mecas de la virtud: lugares donde la transparencia, la pluralidad y la libertad gozan de niveles ejemplares. Pero recientemente, las noticias que comienzan a llegar desde allí parecen alejarse cada vez más de esa imagen idealizada que solemos conservar.
Recientemente, la policía de Berlín allanó 10 apartamentos de personas que supuestamente habrían expresado críticas en redes sociales sobre la política migratoria de fronteras abiertas que lleva adelante el gobierno de Angela Merkel.
Previamente, Merkel habría presionado a Facebook para que esta red social censurara comentarios críticos sobre el tema.
Nueve ciudadanos alemanes de entre 22 y 58 años de edad fueron arrestados, siendo acusados de postear mensajes críticos de los migrantes y quienes colaboran con la migración.
Aunque la policía declaró que conocía a estas personas y las consideraba «extremistas de derecha», solo en algunos de estos apartamentos, la policía encontró iconografía nacional-socialista que fué presentada como evidencia a los medios para su difusión.
La presentación mediática de estos objetos se condice con la evidencia de una conspiración desarticulada, pero según las propias declaraciones de la policía «los hombres no se conocen entre ellos», y «no se encontró evidencia de ninguna conspiración para cometer un crimen».
En los demás hogares allanados, la policía fué forzada a admitir que no encontraron absolutamente nada. El jefe de policía justificó estas acciones alegando que podría tratarse de gente que: «Solamente expresó una vez su odiosa opinión».
Esto sucede mientras Merkel enfrenta una grave crisis: no la de los refugiados, sino la de su popularidad, la cual ha caído a su valor más bajo en cuatro años, en un país donde el 40% de los alemanes sostiene que Merkel debe renunciar por la crisis migratoria y los ataques sexuales masivos de Colonia.
