Existe una abrumadora evidencia científica que certifica que, salvo casos excepcionales, lo mejor para el bienestar y la felicidad de los niños tras el divorcio de sus padres es la custodia compartida. Sin embargo, lejos de fomentarse los planes de coparentalidad y la mediación familiar, cada vez se legisla más en contra de la custodia compartida o se deroga allá donde estaba vigente, por motivos ideológicos pero también económicos.
Entorno al interés superior del menor se ha generado una repugnante y lucrativa industria del maltrato al menor, que es lo que representa en realidad la privación a un hijo de uno de sus progenitores. Nos encontramos ante una retahíla de operadores jurídicos y profesionales afines que viven y medran gracias a que la legislación, actualmente, sitúa al menor en el centro del conflicto en vez de garantizar, por defecto, sus derechos más básicos: el derecho a seguir teniendo el modelo más parecido de familia que conoció durante la convivencia de sus padres.
La propia legislación que debería velar por el bienestar del menor y, peor aún, la práctica judicial, exponen a los niños a un sufrimiento absolutamente evitable… y todo ello, porque hay todo un negocio tan sucio como obsceno montado a su alrededor.
Un divorcio contencioso por la custodia de los hijos es una fuente inagotable de dinero para los abogados. Muchos, sin escrúpulos, sin ética, sin moral y sin humanidad, más parecidos a ratas que a personas, seducirán o convencerán a mujeres resentidas y amargadas para que se venguen de sus ex-parejas empleando a los hijos como arietes de una guerra total que conducirá a la destrucción de todos los integrantes de la extinta familia. Muchas mujeres, con más dinero que sentido común, con más billetera que sesera, sucumbirán ante los cantos de sirena de estos letrados, sin importarles las consecuencias sobre sus propios hijos. Un divorcio de mutuo acuerdo, puede suponer para un letrado sólo 600-900 euros, y perder a un cliente, que rehace satisfactoriamente su vida. Un divorcio contencioso, puede suponer entre 1200-1800 euros por vista, para un letrado normal y corriente. Si se establecen dos vistas, la de medidas provisionales y la de medidas definitivas, la factura se agrandará, y con cada nuevo conflicto entre los progenitores, la mayoría promovido por los propios letrados, la cuantía irá creciendo.
1.ABOGADOS: Los letrados, especialmente letradas, enconan aún más el conflicto entre las partes y el enfrentamiento entre ambos progenitores. Por cada jurisdicción voluntaria facturarán entre 400 y 600 euros, por cada ejecución de sentencia 500-550 euros, por cada escrito de oposición o complementación entre 250-300 euros, por un recurso de apelación a la Audiencia Provincial entre 1800-2000 euros, y por un procedimiento penal, la mayoría instrumentales en el proceso de litigio por la custodia, entre 4000 y 6000 euros. Un letrado sin escrúpulos, puede ingresar 10.000 euros en un año si se encuentra con una madre lo suficientemente estulta como para judicializar la vida de sus propios hijos, porque no nos engañemos, quien determina si un divorcio será contencioso o amistoso, es la mujer, no el varón. Sólo hace falta comprobar qué pide cada parte en sus respectivas demandas, quien pide habitualmente custodia compartida y quien pide que el menor vea al padre 4 días al mes, y a veces incluso ni eso. ¿Por qué va a intentar un abogado la mediación o alcanzar acuerdos con la parte contraria? Mejor va a juicio. No es su familia, no son sus hijos a los que van a despedazar en el juzgado, a los que evaluarán desconocidos o a los que llevarán ante un juez.
2.PROCURADOR: Los procuradores tramitan la documentación de los abogados ante el Juzgado, y perciben por ello entre 200-300 euros por cada comparecencia.
3.NOTARIO: Los certificados de poder notarial oscilan entre 50 y 200 euros.
4.PERITOS: El 90% de lo que se dice en un juzgado de familia es sencillamente mentira. A la mujer, con haber parido al hijo le basta. Nadie pone en duda ni su capacidad ni su verdadero interés por la custodia ni mucho menos sus habilidades, aunque sea una perturbada mental. Sin embargo, el padre, al que la madre pone de vuelta y media, de forma poco o nada velada, con acusaciones o insinuación de maltrato o violencia, en un juego sucio extraordinariamente doloroso en el que le acusa de ser inapropiado, cuando no un peligro para el menor, debe demostrar la falsedad de las acusaciones de la madre, a la vez que probar que es un buen padre. Es ahí donde entran en acción los peritos. Así tenemos que un perito informático puede cobrar entre 800-1000 euros por trabajo, un perito arquitecto 600-800 euros, un perito lingüístico unos 1000 euros… La ratificación de cualquiera de dichos peritos en una vista judicial implica mínimo, 200 euros más.
5.PSICÓLOGO: Una categoría especial de perito es el perito psicológico, bien sea para preparar una pericial psicosocial, que puede costar entre 250-300 euros, presentar un informe de idoneidad parental 1000-1200 euros, o realizar un contrainforme pericial 1500-2000 euros.
6.DETECTIVE: No es inusual que se contraten detectives o investigadores privados en los procedimientos de divorcio, precisamente para demostrar que un progenitor miente. Sus honorarios dependen del tipo de servicio y seguimiento contratado, pero no suelen descender de los 800-1000 euros.
Por supuesto, un divorcio contencioso por no disponer de una legislación justa, y como resultado de una práctica judicial aún más injusta, da trabajo a los propios operadores de los juzgados: jueces, fiscales, secretarios judiciales y funcionarios de la Administración de Justicia. El 60% de los divorcios contenciosos acaban, como mínimo, en un segundo pleito, y casi hasta el 25% en procedimientos penales. En cambio, menos del 10% de las custodias compartidas vuelven a los juzgados. Si la Administración de Justicia quisiese desatascarse lo tendría muy sencillo, tan sencillo como aplicar la Carta de los Derechos del Niño de Naciones Unidas que en sus artículos 9 y 18 reconoce el derecho del menor a seguir teniendo contacto con ambos progenitores, ambos con las mismas obligaciones.
Vinculados a los Juzgados de Familia se crea toda una estructura de centros, teóricamente, destinados a subsanar la conflictividad, la hostilidad y el litigio que la propia Administración de Justicia ha provocado, con la creación de puntos de encuentro familiares, que acaban siendo parte activa e interesada del conflicto, donde trabajan funcionarios con nóminas que oscilan entre 1500-1800 euros.
Debe destacarse, por supuesto, los equipos psicosociales adscritos a los Juzgados, en la más absoluta alegalidad, pues no existe ninguna disposición con rango de ley que regule su funcionamiento, y sus irregularidades son tan abyectas como el nivel de adoctrinamiento de los miembros que suelen integrarlos, en su mayoría mujeres, convenientemente entrenadas en perspectiva de género: el padre va a ser el malo de la historia siempre. Se emplearán los argumentos más ridículos, incapaces de soportar el más mínimo razonamiento lógico para denegar el derecho del menor a seguir teniendo padre y familia paterna.
De este modo se ha conseguido generar una lucrativa bolsa de trabajo público para dos de las carreras universitarias con nota de corte más baja, mayor facilidad de titulación en la universidad privada, y con escasísima salida laboral fuera del sector público, como son psicología y trabajo social. Estos equipos psicosociales, también trabajan en los centros de mediación familiar, donde obviamente, interesa retrasar, demorar u oponerse a la recomendación de custodia compartida. Si hiciesen informes favorables de los progenitores y recomendasen la custodia compartida, al disminuir el conflicto entre los progenitores y no precisar asistencia al centro, ¿quien los necesitaría? Obviamente quien vive del problema no puede formar parte de la solución.
Por último, se está generalizado la figura del coordinador parental, titulación de experto universitario que puede sacarse prácticamente on-line cualquier persona, con sólo 300 horas, apenas 5 meses por un valor de 12 créditos ECTS. Una auténtica vergüenza. Cualquier asignatura optativa mínimamente decente de una carrera universitaria seria tiene más créditos que la titulación de coordinador parental, pero todo sea por el dinero. Cualquier persona pagando entre 950 y 1200 euros puede “jugar” con la vida de nuestros hijos como si de un Dios se tratase, emitiendo informes favorables o desfavorables de un progenitor a antojo.
Son también reseñables las asociaciones y plataformas de custodia compartida, repartidas por todo el territorio nacional, que subsisten de las cuotas de sus socios, y que con demasiada frecuencia, parecen más interesadas en captar clientes para sus equipos psicosociales y terapeutas asociados, que en presionar política y mediáticamente en aras de la necesaria reforma legislativa de la ley del divorcio.
Así pues, legislar la custodia compartida no interesa a nadie, ni tan siquiera a los que dicen defenderla.
No interesa a muchos progenitores, que con tal de defenestrar a su ex-pareja justifican cualquier daño al menor. Progenitores dementes que destruyen sus vidas y la de sus hijos en vez de rehacerlas por separado.
No interesa a los abogados que perderían su principal fuente de ingresos.
No interesa a los equipos psicosociales, funcionarios de puntos de encuentro, ni trabajadores de los centros de mediación familiar, que con un horario de 9:00 a 14:00 horas, cobran entre 1500 y 1800 euros de nómina al mes, gracias al conflicto entre las partes que ellos mismos han creado implantando una custodia monoparental.
No interesa a los múltiples peritos que intervienen en el proceso judicial, y que obtienen suculentos emolumentos por cada pericial y contra-pericial.
Pero lo triste, es que no interesa ni a los propios operadores jurídicos, que anteponen siempre el no tan superior interés de la madre al interés superior del menor. Está acreditado científicamente desde hace décadas que los menores con custodia monoparental tienen más problemas psicológicos, psiquiátricos y médicos. También está avalado por la evidencia científica que la custodia compartida reduce la tasa de suicidios, en aproximadamente un 8%, la tasa de maltrato infantil un 5% y la de violencia doméstica cerca de un 3%.
La Administración de Justicia tiene las manos manchadas de sangre y es la responsable directa de un número desconocido de vidas sesgadas, y todo, por anteponer los intereses económicos a los derechos humanos.
Entre Los Dos
